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Abogados y economistas en Teruel
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Cuando pensamos en personas que cambiaron la historia, solemos recordar a dirigentes políticos, científicos, escritores o grandes activistas. Sin embargo, detrás de muchas de las transformaciones sociales más importantes también encontramos a abogados y abogadas que utilizaron las leyes y los tribunales para cuestionar situaciones que parecían inamovibles.
No se limitaron a interpretar las normas que existían. En muchos casos, se enfrentaron a leyes discriminatorias, defendieron a personas que apenas tenían recursos y demostraron que aquello que era legal en un determinado momento no siempre era justo.
La segregación racial, la desigualdad entre hombres y mujeres, el apartheid, la pena de muerte o las condenas injustas no desaparecieron por sí solas. Fue necesario que muchas personas se organizaran, protestaran y exigieran cambios. Dentro de esas luchas, el trabajo jurídico también desempeñó un papel fundamental.
Thurgood Marshall, Ruth Bader Ginsburg, Clara Campoamor, Nelson Mandela, Clarence Darrow y Bryan Stevenson pertenecen a épocas y contextos muy diferentes. Sin embargo, todos tienen algo en común: entendieron que el Derecho no solo sirve para resolver conflictos, sino que también puede utilizarse para transformar la sociedad.
Las leyes establecen las reglas que organizan una sociedad. Determinan qué derechos tenemos, qué obligaciones debemos cumplir y cómo deben resolverse los conflictos.
Pero las normas no permanecen siempre iguales.
La sociedad cambia, aparecen nuevas necesidades y algunas leyes terminan mostrando que son insuficientes, discriminatorias o directamente injustas. En esos momentos, los profesionales jurídicos pueden limitarse a aplicar las normas existentes o pueden utilizar los mecanismos que ofrece el propio sistema para cuestionarlas.
Un abogado puede impulsar un cambio social de distintas formas:
Los protagonistas de este artículo siguieron caminos diferentes. Algunos ejercieron principalmente como abogados, otros llegaron a ocupar cargos políticos o judiciales y algunos combinaron la actividad jurídica con el activismo.
Sus historias muestran que una demanda, una defensa judicial o una intervención parlamentaria pueden tener consecuencias que van mucho más allá de un único procedimiento.
Thurgood Marshall fue una de las figuras jurídicas más importantes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.
Durante buena parte del siglo XX, las leyes de numerosos estados permitían separar a las personas según su raza en colegios, transportes y otros espacios públicos. La segregación se justificaba mediante la idea de que podían existir instalaciones “separadas pero iguales”.
En la práctica, esa igualdad no existía.
Las escuelas destinadas al alumnado afroamericano solían contar con menos recursos, peores instalaciones y menores oportunidades educativas. Marshall entendió que para terminar con este sistema era necesario demostrar ante los tribunales que la separación racial vulneraba el principio constitucional de igualdad.
Uno de los momentos más importantes de su carrera fue su participación en el caso Brown contra el Consejo de Educación, resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1954.
Marshall representó a las familias que denunciaban la segregación en los colegios públicos. Defendió que separar a los niños únicamente por su raza era contrario a la Constitución. El Tribunal Supremo aceptó este argumento y declaró que la segregación racial en la educación pública era inconstitucional.
La resolución no terminó inmediatamente con la discriminación, pero supuso un cambio jurídico y social decisivo. La ley dejaba de respaldar un sistema educativo basado en la separación racial.
La trayectoria de Marshall no terminó ahí. En 1967 se convirtió en el primer juez afroamericano del Tribunal Supremo de Estados Unidos, institución en la que permaneció hasta 1991.
Su historia demuestra que los tribunales pueden convertirse en un espacio desde el que combatir desigualdades profundamente arraigadas.
Ruth Bader Ginsburg es conocida principalmente por haber sido jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sin embargo, antes de ocupar ese cargo ya había desarrollado una importante carrera como abogada y profesora especializada en igualdad de género.
En las décadas de 1960 y 1970 todavía existían numerosas normas que trataban de manera diferente a hombres y mujeres.
Estas diferencias afectaban al acceso al empleo, la administración de bienes, determinadas prestaciones, las responsabilidades familiares y muchas otras cuestiones de la vida diaria. En ocasiones, la discriminación se presentaba como una supuesta forma de protección hacia las mujeres, cuando en realidad limitaba su autonomía y sus oportunidades.
Ginsburg ayudó a diseñar una estrategia jurídica progresiva para combatir estas normas.
En 1971 participó en la creación del Proyecto de Derechos de las Mujeres de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, conocida como ACLU. Desde esa organización intervino en numerosos procedimientos relacionados con la discriminación por razón de sexo.
Una de las características más interesantes de su estrategia fue que no defendió únicamente a mujeres. También participó en casos en los que las normas perjudicaban a hombres por asignarles un determinado papel en función de su género.
De esta manera, trataba de demostrar que los estereotipos perjudicaban a toda la sociedad. La idea central era sencilla: las personas no debían recibir un trato diferente únicamente por ser hombres o mujeres.
El trabajo del Proyecto de Derechos de las Mujeres contribuyó a que los tribunales empezaran a analizar con mayor exigencia las leyes que establecían diferencias por razón de sexo. La organización participó en cientos de asuntos relacionados con la discriminación durante aquellos años.
En 1993, Ruth Bader Ginsburg fue nombrada jueza del Tribunal Supremo estadounidense, donde continuó defendiendo la igualdad y los derechos civiles hasta su fallecimiento en 2020.
Su trayectoria muestra que los grandes cambios legales no siempre llegan mediante una única sentencia. A veces son el resultado de una estrategia constante, formada por muchos casos que van modificando poco a poco la interpretación de las leyes.
En España, una de las figuras que mejor representa la relación entre Derecho, política e igualdad es Clara Campoamor.
Nació en Madrid en 1888 y tuvo que empezar a trabajar siendo muy joven. A pesar de las dificultades, retomó sus estudios cuando ya era adulta y consiguió licenciarse en Derecho.
En 1924 se incorporó al Colegio de Abogados de Madrid, convirtiéndose en una de las primeras mujeres españolas que ejercieron la abogacía. Su preocupación por la situación jurídica de las mujeres la llevó a participar activamente en la vida política durante la Segunda República.
En 1931 fue elegida diputada para las Cortes Constituyentes.
En aquel momento se daba una situación especialmente contradictoria: las mujeres podían presentarse como candidatas y ser elegidas diputadas, pero todavía no podían votar en unas elecciones generales.
Durante la elaboración de la Constitución de 1931, Campoamor defendió que el derecho al voto debía reconocerse a todas las personas sin distinción de sexo.
Su postura encontró resistencia incluso entre algunos sectores que apoyaban la igualdad en términos generales. Había quienes consideraban que las mujeres todavía no estaban preparadas para votar o que podían estar demasiado condicionadas por la Iglesia y su entorno familiar.
Campoamor rechazó estos argumentos. Entendía que un derecho básico no podía depender de si se estaba de acuerdo con la decisión que tomarían quienes lo ejercieran.
Gracias también a su intervención, la Constitución de 1931 reconoció los mismos derechos electorales para hombres y mujeres. Su trabajo no se limitó al sufragio femenino, sino que se extendió a otros derechos civiles, políticos, profesionales y económicos de las mujeres.
La importancia de Clara Campoamor va más allá de haber defendido una reforma concreta. Su intervención planteó una cuestión esencial para cualquier democracia: los derechos deben reconocerse por igual, incluso cuando hacerlo pueda tener consecuencias políticas inciertas.
Su historia recuerda que la igualdad jurídica no aparece de forma automática. Es necesario defenderla, argumentarla y convertirla en normas que puedan aplicarse de manera efectiva.
Antes de convertirse en una figura internacional y en presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela ejerció como abogado.
En 1952 fundó junto a Oliver Tambo el despacho Mandela & Tambo. Según la Fundación Nelson Mandela, fue el primer bufete de Sudáfrica propiedad de abogados negros.
El despacho atendía a personas negras que sufrían las consecuencias del apartheid, un sistema de segregación racial que regulaba prácticamente todos los aspectos de la vida.
Las normas determinaban dónde podía vivir una persona, qué trabajos podía realizar, por dónde podía desplazarse y qué servicios podía utilizar según su clasificación racial.
En este contexto, la actividad de Mandela y Tambo no era la de un despacho convencional. Muchos de sus clientes necesitaban defenderse frente a detenciones, desalojos, restricciones de movimiento y otras situaciones generadas por las propias leyes del apartheid.
Mandela comprendió que el problema no estaba únicamente en la aplicación incorrecta de una norma. En muchos casos, era la propia legislación la que había sido diseñada para mantener la desigualdad.
Su carrera política y su oposición al régimen provocaron su detención y posterior encarcelamiento durante 27 años. Tras su liberación, participó en las negociaciones para terminar con el gobierno de la minoría blanca y avanzar hacia un sistema democrático.
En 1994 se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica elegido mediante sufragio democrático.
Su trayectoria muestra una de las cuestiones más complejas del Derecho: una norma puede haber sido aprobada y aplicada por las instituciones y, al mismo tiempo, vulnerar principios básicos de igualdad y dignidad.
El legado jurídico de Mandela comenzó ayudando a personas concretas desde un pequeño despacho y terminó formando parte de la transformación política de todo un país.
Clarence Darrow fue uno de los abogados defensores más conocidos de Estados Unidos entre finales del siglo XIX y principios del XX.
Participó en numerosos juicios relacionados con conflictos laborales, libertad de pensamiento, discriminación racial y pena de muerte. Su carrera estuvo marcada por la defensa de trabajadores y acusados que se enfrentaban a situaciones especialmente difíciles.
Uno de sus primeros asuntos destacados fue la defensa de Eugene V. Debs, dirigente sindical procesado por su participación en la huelga ferroviaria de Pullman. También representó a integrantes de diferentes movimientos obreros en una época en la que los conflictos entre trabajadores y grandes empresas eran especialmente intensos.
La documentación conservada por la Biblioteca del Congreso muestra su participación en procedimientos relacionados con sindicatos, huelgas, pena capital y algunos de los juicios más controvertidos de la época.
Darrow también fue uno de los abogados de Nathan Leopold y Richard Loeb, dos jóvenes acusados de secuestrar y asesinar a un adolescente.
Los acusados se declararon culpables. Por tanto, su trabajo no consistió en tratar de convencer al tribunal de que eran inocentes, sino en evitar que fueran condenados a muerte.
Su defensa se centró en las circunstancias personales y psicológicas de los acusados y en el rechazo a la pena capital. Finalmente, fueron condenados a cadena perpetua en lugar de ser ejecutados.
También participó en el conocido juicio contra John Scopes, un profesor acusado de enseñar la teoría de la evolución en contra de una ley del estado de Tennessee. Este procedimiento se convirtió en un debate nacional sobre la educación, la ciencia y la libertad de pensamiento.
La figura de Darrow no está libre de controversias. Algunos de los casos que aceptó y determinadas actuaciones de su carrera han sido ampliamente discutidos. Sin embargo, su trabajo dejó una idea fundamental para el Derecho penal: defender a una persona no significa justificar lo que ha hecho.
Toda persona tiene derecho a una defensa, a un procedimiento con garantías y a que la acusación demuestre los hechos conforme a la ley. Ese derecho es especialmente importante cuando la opinión pública ya ha dictado su propia sentencia.
Bryan Stevenson representa una visión contemporánea de la abogacía comprometida con los derechos humanos.
Es el fundador y director ejecutivo de Equal Justice Initiative, una organización con sede en Alabama que presta asistencia jurídica a personas condenadas injustamente, presos que han recibido penas desproporcionadas y colectivos especialmente vulnerables dentro del sistema penal estadounidense.
Una parte importante de su trabajo se ha centrado en personas condenadas a muerte.
Estos procedimientos presentan una dificultad evidente. Cuando una persona carece de recursos económicos, recibe una defensa insuficiente o es víctima de prejuicios raciales, los errores del sistema pueden tener consecuencias irreversibles.
Uno de sus casos más conocidos fue el de Walter McMillian, condenado a muerte por un asesinato que no había cometido.
Stevenson y su equipo consiguieron demostrar las graves irregularidades del procedimiento y lograr su liberación en 1993. Esta historia fue narrada posteriormente en el libro Just Mercy y llevada al cine.
El trabajo de Equal Justice Initiative no se ha limitado a un único caso. Según la propia organización, Stevenson y su equipo han conseguido revisiones de condena, mejoras de pena o liberaciones para más de 140 personas condenadas injustamente a muerte, además de ayudar a cientos de personas que habían sido condenadas de forma errónea o desproporcionada.
También ha intervenido ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en asuntos relacionados con menores condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y con personas con enfermedades mentales o deterioro cognitivo.
Su trayectoria recuerda que el acceso a la justicia no depende únicamente de que existan tribunales.
Para que el derecho de defensa sea real, las personas necesitan profesionales preparados, recursos suficientes y la posibilidad de revisar las decisiones cuando existen errores o irregularidades.
Las seis figuras desarrollaron su trabajo en momentos, países y sistemas jurídicos diferentes.
Thurgood Marshall combatió la segregación racial en las escuelas. Ruth Bader Ginsburg utilizó los tribunales para ampliar la igualdad entre hombres y mujeres. Clara Campoamor llevó la defensa del sufragio femenino al Parlamento español.
Nelson Mandela atendió a personas perseguidas por las leyes del apartheid. Clarence Darrow defendió a trabajadores y acusados en algunos de los procesos más polémicos de su tiempo. Bryan Stevenson continúa luchando contra las condenas injustas y las penas desproporcionadas.
No todos siguieron las mismas estrategias ni defendieron las mismas ideas. Tampoco fueron figuras perfectas ni estuvieron libres de críticas.
Lo que los une es su capacidad para comprender que detrás de cada norma y de cada procedimiento hay personas reales.
No se limitaron a preguntarse qué decía la ley. También se preguntaron si esa ley era justa, si se estaba aplicando correctamente y si protegía de verdad a todas las personas.
La imagen popular de la abogacía suele estar muy relacionada con los tribunales. Se piensa en un abogado hablando ante un juez, interrogando a un testigo o defendiendo una posición en un juicio.
Pero la profesión jurídica es mucho más amplia.
Los abogados pueden prevenir problemas, facilitar acuerdos, proteger derechos, revisar actuaciones de las administraciones y ayudar a que las personas entiendan situaciones legales complejas.
También pueden intervenir en asuntos capaces de generar cambios colectivos.
Una resolución judicial puede modificar la interpretación de una norma. Una defensa bien planteada puede evitar una condena injusta. Una intervención parlamentaria puede ampliar derechos. Un despacho accesible puede permitir que personas sin poder económico o político sean escuchadas.
Los protagonistas de estas historias no solo ganaron procedimientos.
Cuestionaron leyes injustas, defendieron a quienes tenían menos posibilidades de hacerse oír y abrieron caminos que después pudieron recorrer millones de personas.
El Derecho no siempre avanza al mismo ritmo que la sociedad. En ocasiones, las leyes tardan años en reconocer cambios que ya están ocurriendo. En otras, son precisamente las reformas legales y las decisiones de los tribunales las que impulsan una nueva forma de entender la igualdad y la justicia.
La historia de estos abogados y abogadas demuestra que una norma puede cambiarse, una sentencia puede revisarse y una injusticia puede cuestionarse.
Para conseguirlo, son necesarios conocimientos jurídicos, pero también valentía, constancia y compromiso.
En Gómez y Gómez Abogados y Economistas creemos en una abogacía cercana, comprensible y responsable. Una profesión que no consiste únicamente en conocer las leyes, sino en entender cómo afectan a las personas y utilizar todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos.
Porque los abogados y las abogadas no siempre pueden cambiar el mundo por sí solos.
Pero, cuando utilizan el Derecho para defender la igualdad, cuestionar una injusticia o dar voz a quien no la tiene, sí pueden ayudar a transformarlo.