La reflexión procede de Medea, de Séneca, y tiene casi dos mil años. Sin embargo, resume una idea que continúa siendo fundamental en cualquier sistema jurídico moderno: para decidir justamente no basta con alcanzar una conclusión correcta; también importa cómo se ha llegado a ella. La formulación aparece en la obra cuando Medea reprocha que se tome una decisión sin haber escuchado previamente su posición. Revistas UDEM
Trasladado al Derecho actual, esto significa algo muy sencillo.
Si alguien formula una acusación, presenta una reclamación o pretende que un tribunal adopte una decisión que afecta a otra persona, esa otra persona debe tener la posibilidad de conocer qué se sostiene contra ella, responder, aportar su versión y utilizar las pruebas que considere pertinentes para defenderse.
No es una formalidad.
Es una de las bases de un proceso justo.
Aquí aparece una diferencia importante.
El derecho a ser oído no significa que todas las versiones sean igualmente ciertas.
Tampoco obliga a un juez a repartir responsabilidades al 50 % ni a encontrar siempre un punto intermedio.
Después de escuchar a las partes, analizar las pruebas y aplicar la ley, un tribunal puede concluir que una de ellas tiene razón y la otra no.
Lo esencial es que ambas hayan tenido una oportunidad real de defender su posición antes de que se adopte la decisión.
Ese es precisamente el sentido de la conocida máxima latina audi alteram partem: escuchar también a la otra parte.
Porque conocer únicamente una versión puede ofrecer una imagen incompleta de lo sucedido.
Pensemos en un ejemplo sencillo.
Una empresa reclama a un cliente 5.000 euros porque afirma que prestó un servicio y nunca recibió el pago.
Vista únicamente esa información, la conclusión parece fácil:
existe una deuda y debe pagarse.
Pero cuando se escucha al cliente aparecen nuevos datos.
El servicio se entregó dos meses tarde.
Una parte del trabajo nunca llegó a realizarse.
El cliente había reclamado varias veces por correo electrónico.
Y existe un documento en el que ambas partes acordaron reducir el precio precisamente por esos incumplimientos.
La situación jurídica cambia.
También podría ocurrir lo contrario: que la persona reclamada afirme que ya pagó, pero no pueda demostrarlo y la empresa aporte facturas, comunicaciones y movimientos que respalden su reclamación.
Por eso los procedimientos jurídicos no deberían construirse sobre una única versión de los hechos.
Las alegaciones de cada parte deben poder ser contrastadas.
En España, esta idea no es únicamente un principio moral.
Es una garantía constitucional.
El artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales sin que pueda producirse indefensión.
Además, reconoce expresamente derechos como la defensa, la asistencia de abogado, conocer la acusación formulada, utilizar los medios de prueba pertinentes y disfrutar de un proceso con todas las garantías. BOE
La actual Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, refuerza esta idea y recuerda que el derecho de defensa está íntimamente relacionado con el Estado de Derecho y con la propia tutela judicial efectiva. Además, aclara que su protección no se limita al ámbito penal, sino que alcanza las situaciones de controversia jurídica en las que una persona necesita defender sus derechos o intereses. BOE
Por tanto, poder defenderse no es un privilegio concedido por un tribunal.
Es un derecho fundamental.
A veces pensamos que defenderse consiste únicamente en poder hablar ante un juez.
Es bastante más que eso.
Para que una defensa sea real, una persona debe poder conocer suficientemente qué se le reclama o qué se le atribuye.
Debe disponer de oportunidades para formular sus argumentos.
Debe poder aportar las pruebas admitidas por la ley.
Debe poder conocer y discutir las pruebas de la otra parte.
Y debe poder contar con asistencia jurídica cuando corresponda.
De poco serviría permitir que alguien “hable” si previamente no conoce la documentación utilizada contra él o si no puede responder a una prueba decisiva.
Por eso existe el denominado principio de contradicción.
Aunque el término suene técnico, la idea es bastante sencilla:
si una parte presenta argumentos o pruebas para convencer al tribunal, la otra debe tener la oportunidad de conocerlos y discutirlos.
En un proceso civil, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla expresamente que las partes puedan posicionarse respecto de los documentos aportados por la otra parte: pueden admitirlos, impugnarlos, reconocerlos o proponer pruebas sobre su autenticidad. También pueden pronunciarse sobre los informes periciales presentados. BOE
Esto permite comprender por qué el proceso judicial tiene distintas fases.
No están ahí únicamente para complicar el procedimiento.
Demanda.
Contestación.
Alegaciones.
Pruebas.
Impugnaciones.
Conclusiones.
Recursos.
Muchas de esas actuaciones tienen precisamente la finalidad de evitar que una persona se encuentre ante una decisión construida con información que nunca pudo conocer o discutir.
Otro matiz fundamental.
El juez tiene que permitir que una persona exponga su posición, pero eso no significa que tenga que aceptarla como verdadera.
Supongamos que dos personas discuten sobre un préstamo.
Una afirma:
“Le entregué 10.000 euros y nunca me los devolvió.”
La otra responde:
“Ese dinero no era un préstamo, era el pago de otro negocio que teníamos.”
El tribunal escuchará ambas versiones.
Después tendrá que estudiar transferencias bancarias, mensajes, contratos, testigos y cualquier otra prueba relevante.
Finalmente podrá considerar mucho más convincente una de las dos.
El derecho a ser oído garantiza la posibilidad de defenderse, no el derecho a obtener una resolución favorable.
Esta es precisamente la profundidad de la frase atribuida a Séneca.
Imaginemos que una persona es acusada de haber causado un daño.
Alguien decide inmediatamente que es responsable sin escucharla.
Posteriormente descubrimos que, efectivamente, lo era.
La conclusión era correcta.
Pero el procedimiento utilizado para alcanzarla no lo fue.
¿Por qué?
Porque la persona podría haber tenido una explicación, una prueba o una circunstancia relevante que quien decidía desconocía.
El hecho de acertar posteriormente no convierte en correcta la decisión de prescindir de su defensa desde el principio.
La justicia moderna no se preocupa únicamente por el resultado.
También exige garantías en el camino hasta llegar a ese resultado.
Ese es uno de los motivos por los que el artículo 24 de la Constitución une estrechamente conceptos como tutela judicial efectiva, defensa y prohibición de indefensión. BOE
Esto puede resultar paradójico.
Una persona puede ejercer plenamente su derecho de defensa y, finalmente, perder el procedimiento.
No existe ninguna contradicción.
Ha podido conocer la reclamación.
Ha podido contestarla.
Ha aportado pruebas.
Ha cuestionado las de la otra parte.
Ha presentado sus argumentos.
Y, después de analizarlo todo, el tribunal ha considerado que jurídicamente no tenía razón.
El derecho de defensa no garantiza ganar.
Garantiza poder participar adecuadamente en el procedimiento antes de que alguien adopte una decisión que afecta a nuestros derechos o intereses.
La reflexión puede trasladarse incluso a la propia relación entre abogado y cliente.
Una buena estrategia jurídica no debería comenzar con una conclusión.
Debería comenzar con preguntas.
¿Qué ocurrió?
¿Cuándo?
¿Qué se pactó?
¿Qué documentos existen?
¿Qué sostiene la otra parte?
¿Hay correos, contratos, mensajes o testigos?
¿Qué hechos pueden demostrarse?
¿Existe algún dato que perjudique nuestra posición?
Escuchar únicamente aquello que favorece al cliente puede producir una visión equivocada del asunto.
Un abogado necesita conocer también los puntos débiles del caso.
Porque esos puntos probablemente serán utilizados por la otra parte.
Por eso una parte esencial del asesoramiento jurídico consiste en realizar algo parecido a lo que posteriormente hará un tribunal: observar el problema desde diferentes perspectivas.
Esta es una de las diferencias fundamentales entre una discusión cotidiana y un procedimiento judicial.
Una persona puede estar completamente convencida de que tiene razón.
Pero el Derecho necesita algo más.
Necesita determinar:
qué ocurrió realmente, qué puede probarse y qué consecuencia jurídica corresponde a esos hechos.
Podemos tener razón y no disponer de pruebas suficientes.
Podemos tener una factura, pero descubrir que existe un contrato que modifica lo que interpretábamos.
Podemos tener un mensaje aparentemente definitivo y comprobar después que la conversación completa cambia su significado.
Podemos creer que alguien incumplió una obligación y descubrir que nosotros también dejamos de cumplir otra que era necesaria previamente.
Por eso escuchar la versión contraria antes de iniciar determinados procedimientos puede ser muy útil.
No necesariamente para aceptar sus argumentos.
Sino para saber a qué argumentos tendremos que responder.
Escuchar a las dos partes no beneficia únicamente a quienes están enfrentados.
También ayuda a quien debe decidir.
Una prueba puede parecer muy convincente hasta que alguien explica su origen.
Un documento puede parecer auténtico hasta que la otra parte lo impugna.
Una cláusula puede parecer clara hasta que se relaciona con el resto del contrato.
Un testimonio puede parecer sólido hasta que aparecen contradicciones.
El proceso contradictorio permite precisamente someter la información a examen.
El propio Consejo General del Poder Judicial ha explicado este principio como el derecho de acusación y defensa a conocer las pruebas presentadas por la otra parte y realizar las alegaciones oportunas sobre ellas, incluyendo la posibilidad de disponer de tiempo para examinarlas y aportar prueba. Poder Judicial
En otras palabras:
contradecir no es obstaculizar la justicia.
Cuando se hace dentro de las reglas procesales, es una herramienta para llegar a una decisión mejor fundamentada.
Sí, y esto también merece una explicación.
El derecho a ser oído no significa que una persona pueda impedir indefinidamente un procedimiento simplemente negándose a participar.
Una cosa es no haber tenido la oportunidad de defenderse.
Otra muy diferente es haber dispuesto legalmente de esa oportunidad y decidir no utilizarla.
Las leyes procesales contemplan situaciones en las que un procedimiento puede continuar pese a que una de las partes no comparezca, siempre que se hayan respetado las garantías previstas y las comunicaciones correspondientes.
Por eso la idea correcta no es:
“un juez nunca puede decidir sin escuchar materialmente a ambas personas”.
La idea es:
“nadie debería sufrir indefensión por no haber tenido una oportunidad real de conocer el procedimiento y defenderse conforme a la ley”.
Esa diferencia es esencial.
La frase de Séneca tiene además una dimensión que va más allá del procedimiento judicial.
Conflictos laborales.
Disputas entre socios.
Problemas familiares.
Desacuerdos contractuales.
Reclamaciones entre empresas.
Muchas controversias se agravan porque una decisión se adopta antes de conocer qué sostiene la otra persona.
Escuchar no significa renunciar a nuestros derechos.
Tampoco implica aceptar cualquier explicación.
Puede ocurrir que, después de conocer ambas posiciones, sigamos considerando necesario reclamar, demandar o defendernos.
Pero hacerlo conociendo previamente el conflicto completo permite tomar decisiones mucho más razonadas.
Incluso puede revelar que existe espacio para una negociación que inicialmente parecía imposible.
En un procedimiento judicial no basta con afirmar algo.
Hay que poder sostenerlo.
Y quien se ve afectado por esa afirmación debe poder responder.
Ese equilibrio explica buena parte de las garantías procesales que pueden parecer excesivamente formales cuando se observan desde fuera.
Dar traslado de un documento.
Conceder un plazo para contestar.
Permitir impugnar una prueba.
Escuchar alegaciones.
Admitir pruebas pertinentes.
Permitir asistencia jurídica.
Todo ello responde a una misma idea:
antes de decidir sobre los derechos de alguien, hay que permitirle defender su posición.
«Quien decide algo sin oír a la otra parte, aunque su decisión sea justa, él no ha sido justo».
La frase atribuida a Séneca no describe literalmente nuestro actual sistema procesal, pero sí anticipa una idea que hoy ocupa un lugar central en él.
La justicia no consiste únicamente en alcanzar una conclusión.
También consiste en establecer un procedimiento que permita llegar a ella respetando los derechos de quienes están implicados.
Por eso nuestra Constitución protege la tutela judicial efectiva, prohíbe la indefensión y reconoce expresamente el derecho de defensa. BOE
Y por eso escuchar a ambas partes no es una muestra de indecisión.
Es una garantía.
En Gómez y Gómez Abogados y Economistas entendemos que antes de plantear una estrategia jurídica es necesario conocer el asunto completo: los hechos, la documentación, las pruebas disponibles y también los argumentos que puede plantear la parte contraria.
Porque defender correctamente una posición empieza mucho antes del juicio.
Empieza por escuchar, analizar y entender todas las piezas del conflicto antes de decidir cómo actuar.
Este artículo tiene carácter general e informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico adaptado a un caso concreto.